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Procuraduría pide tumbar plebiscito por la paz”semana”

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Hasta hace unos meses, el Congreso determinó que el plebiscito era la salida más propicia.Foto: Javier de la Torre

La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el proyecto de ley estatutaria que pretende que los colombianos vayan a las urnas para señalar si aprueban o no que su Gobierno y las FARC pacten una salida negociada al conflicto armado.

La funcionaria dio a conocer el contenido del concepto en el cual le pide al alto tribunal que tumbe la iniciativa, pues cree que se le termina dando a ese mecanismo de participación popular el alcance de una asamblea nacional constituyente, cuando en realidad carece de él.

Desde el inicio de las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que los colombianos podrían decidir si estaban de acuerdo o no con las conversaciones. Desde entonces, se iniciaron los estudios alrededor del mecanismo idóneo que serviría para refrendar los diálogos.

Hasta hace unos meses, el Congreso determinó que el plebiscito era la salida más propicia. Por eso, tramitó un proyecto de ley estatutaria en el cual estableció cuáles serían las condiciones de esa consulta, pues además se establecieron parámetros que no estaban contemplados en el instrumento de participación.

El legislativo estableció que este plebiscito no necesitaría de la participación de la mitad de los votantes, como se exigió hasta hoy, sino solo de la del 13 % del censo electoral. Eso significa que bastaría con al menos 4 millones de votos para que lo dicho por los sufragantes sea decisivo.

Ahora que la Corte Constitucional se apresta a examinar la exequibilidad de ese proyecto, esos cambios tan abruptos en la forma como debe operar ese mecanismo de participación han recibido fuertes críticas no solo de los sectores políticos, sino también de la comunidad jurídica. Y la Procuraduría no ha sido la excepción.

En el concepto que rinde la viceprocuradora Castañeda ante la Corte se destaca una fuerte objeción contra la reducción del umbral. “No se puede subordinar a todos los poderes públicos a lo que decidan en el futuro el Gobierno y las FARC bajo el pretexto del Sí del 13 % del censo electoral, amenazando con 50 años más de guerra”, dijo.

Para la alta funcionaria, la nueva concepción que se le dio al plebiscito lo desnaturaliza, pues se lo convierte en un referendo o en una Asamblea Nacional Constituyente. “Es un plebiscito autoritario, no democrático”, sentencia el concepto.

De hecho, la Procuraduría expresa que si el Gobierno tiene la intención de refrendar lo acordado con la guerrilla el referendo es el camino. Según Castañeda, la ciudadanía debería tener la oportunidad de expresarse alrededor de todos y cada uno de los cambios institucionales que traería el acuerdo de paz y no solo si está de acuerdo o no con los diálogos.